Ricardo Vaz
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha generado mucha especulación sobre la política exterior estadounidense. En Venezuela, la memoria de la campaña de “máxima presión” para lograr el “cambio de régimen” está muy fresca. Muchas heridas siguen abiertas.
La nueva administración ha empezado llena de arrogancia excepcionalista con especial enfoque en acciones anti-migratorias contundentes. El enviado especial de Trump, Richard Grenell, sostuvo una reunión muy publicitada con el presidente venezolano Nicolás Maduro y, pocos días después, llegaron los primeros vuelos con venezolanos deportados de Estados Unidos.
Pero más allá de las medidas inmediatas y duras contra la población migrante estadounidense, ¿qué flechas tiene Washington en su aljaba imperialista contra Venezuela? ¿Qué piensa hacer con la oposición extremista? ¿Y cuáles son las opciones en materia de sanciones?
El dilema del gobierno paralelo
Una de las primeras decisiones clave para la administración Trump es decidir si vuelve seguir el rumbo de una administración paralela, es decir, un escenario de “Guaidó 2.0”. Más allá de regalar asientos privilegiados para eventos especiales o visitas privadas a la Casa Blanca, se trata de una decisión con varias ramificaciones.
La primera tiene que ver con el dinero. Por ahora Washington reconoce como “gobierno legítimo” de Venezuela a la Asamblea Nacional de 2015 cuyo mandato expiró hace cuatro años. Este parlamento vencido está formado por decenas de ex políticos irrelevantes que ya ni siquiera se preocupan por las apariencias. Aun así, es un actor conocido. Corrupto y mediocre, pero conocido al fin y al cabo.
Reconocer oficialmente al ex candidato Edmundo González significaría tener que lidiar con un aparato burocrático completamente nuevo y, por supuesto, financiarlo. Los funcionarios estadounidenses perderían margen de acción al tener que hacer caso a alguien que su gobierno considera el legítimo líder de Venezuela, así no tenga ningún poder dentro del país.
Un cambio de guardia también podría causar perturbaciones en los procesos legales en curso, el principal de ellos la subasta ordenada por el tribunal de Delaware de CITGO, la filial estadounidense de PDVSA.
Todo esto podría explicar por qué hasta ahora la nueva Casa Blanca no ha hecho más que aumentar la retórica, convirtiendo a González de “presidente electo” en “presidente legítimo”. Además, cumplir las promesas anti-inmigrantes de Trump requiere mantener abiertos los canales de diálogo con el gobierno de Maduro, una prioridad temprana como se vio con el viaje de Grenell.
La prioridad anti-migratoria
El nuevo inquilino de la Casa Blanca regresó al cargo en medio de una ola de racismo y xenofobia que lo llevó a convertir a los migrantes en chivos expiatorios con historias cada vez más absurdas y falsas. Irónicamente, gran parte de la migración, en particular la venezolana, es resultado directo de las políticas del primer mandato de Trump, específicamente sus sanciones de “máxima presión”, que en gran medida se mantuvieron bajo la administración Biden.
Sin embargo, la narrativa del espectro migratorio tiene poco fundamento en la realidad y ninguna de las medidas adoptadas aborda las causas reales del fenómeno. Por lo tanto, Trump solo necesita algo que pueda vender como una victoria.
Siendo así, el primer paso ha sido tratar directamente con el gobierno de Maduro, y es razonable esperar que en el futuro inmediato se produzcan más vuelos de deportación. Caracas también se anota una victoria de relaciones públicas al demostrar que Estados Unidos reconoce quién gobierna realmente e incorpora a las familias retornadas en el Plan Vuelta a la Patria, aunque haya sido concebido como un programa voluntario y estas sean deportaciones forzadas.
Además, no es descabellado pensar que el gobierno venezolano al menos haya pedido garantías de que la política de sanciones no se arreciará en los próximos meses. Algunos analistas incluso han aventurado que la cooperación de Venezuela en cuestiones migratorias podría negociarse a cambio de licencias limitadas para la exportación de petróleo.
Otro factor que sugiere que no habrá grandes cambios en la política hacia Venezuela en el futuro inmediato es el “terremoto” en la USAID, el más importante exponente del “poder blando” de Estados Unidos. La Casa Blanca no se volvió anti-imperialista, y lo que está en curso es una reorganización interna que haga la política exterior más funcional a la facción encabezada por Trump, más transparente sobre los intereses norteamericanos.
Pero en el caso de Venezuela, al final del día el objetivo final de Estados Unidos sigue siendo el cambio de régimen, y eso se manifiesta principalmente a través de su terrorismo económico.
La licencia de Chevron
Entre los extremistas de la oposición venezolana y los halcones de la política exterior estadounidense hay un coro que clama por un endurecimiento de la política de sanciones contra el país caribeño. El propio presidente recién investido planteó la posibilidad de que Estados Unidos “deje de comprar petróleo” a Venezuela.
Si la administración Trump adopta esa opción, el punto de partida es la licencia de Chevron. El gigante petrolero recibió una exención a fines de 2022 para reiniciar las operaciones de extracción y venta de crudo de las empresas mixtas donde participa en Venezuela. Actualmente, los cuatro proyectos en los que Chevron tiene participaciones (minoritarias) son responsables de aproximadamente el 25 por ciento de la producción total del país.
La cuestión de Chevron ya estuvo sobre la mesa. En 2020, la primera administración Trump ordenó a la empresa que cerrara sus actividades en Venezuela. El razonamiento en ese momento fue que la corporación debería enfrentar algunos sacrificios a corto plazo y, después de que el cambio de régimen se lograra, sería recompensada con mayores ganancias. Pero Guaidó solo llegó unos cinco milímetros más cerca de Miraflores de lo que comenzó, por lo que Chevron podría preguntarse por qué debería pasar por el mismo nuevamente. Pero al final del día, la decisión no está en sus manos.
Una eventual revocación de la licencia de Chevron sería un golpe inmediato para la producción petrolera de Venezuela, con repercusiones posteriores en áreas como la producción de combustible y el suministro de divisas. Sin embargo, no hundiría a la industria ni cerca de los mínimos históricos de producción de mediados de 2020.
Los responsables políticos en Washington no pierden el sueño por el sufrimiento de la población venezolana, pero se preguntarán si eliminar a Chevron de la ecuación realmente hace que el cambio de régimen sea más probable.
Maximizar la presión máxima
Más allá de retirar la exención a Chevron y eventualmente expulsar a las compañías europeas que juegan papeles mucho menores, no hay otras medidas importantes que llamen la atención para el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en este momento.
Lo que sí puede hacer es reforzar la aplicación de las sanciones ya existentes. En otras palabras, perseguir a los intermediarios que extraen y revenden el crudo venezolano, así como a quienes ayudan a Caracas a eludir las sanciones para cobrar los ingresos de las exportaciones petroleras.
Esto es como jugar al juego del topo, en el que se cierra una ruta y luego aparece otra. Requiere mucha mano de obra y recursos, y no será una victoria bombástica que le permita a Trump acaparar los titulares de la prensa.
Washington no puede realmente impedir que el crudo venezolano salga al exterior, a menos que imponga un bloqueo naval. Pero intensificar la aplicación de las sanciones y las sanciones secundarias elevaría el “costo de hacer transacciones” con Venezuela, dado el riesgo añadido. En otras palabras, el gobierno de Maduro tendría que aplicar descuentos aún mayores para exportar crudo.
El arte de la negociación
Además de los partidarios de la línea dura en política exterior, los lobistas del sector petrolero y los tanques pensantes pro-MAGA (“Make America Great Again”) también susurran al oído de la administración. Menos apegados a la propaganda excepcionalista estadounidense más tradicional de “libertad y democracia”, preferirían que Trump aprovechara las condiciones actuales para favorecer los intereses estadounidenses.
Un documento de propuestas describió cómo sería una “política de sanciones en favor de Estados Unidos”. Significaría allanar el camino para que las corporaciones estadounidenses obtengan acuerdos como los de Chevron, aprovechando las dificultades económicas de Venezuela para asegurar términos favorables a expensas de la soberanía del país. Para el gobierno de Maduro, sería una elección familiar de “mal negocio o ningún negocio”, y podría verse tentado a aceptar para asegurarse más ingresos.
Según el autor, Brian Fonseca, de la Universidad Internacional de Florida, la negociación a favor de las empresas norteamericanas iría acompañada de la imposición de sanciones secundarias contra todos los demás actores. El objetivo expreso es restablecer la influencia estadounidense sobre el sector petrolero venezolano, incluso con vistas a futuras privatizaciones que llenarían los sueños de los grandes actores del mundo del petróleo.
Este enfoque contrastaría con la visión cortoplacista de la primera administración Trump, y en cambio buscaría erosionar la soberanía venezolana poco a poco.
Grandes decisiones
Para un empresario de éxito autoproclamado como Trump, la estrategia de sanciones de “Estados Unidos primero” podría ser la más sensata. Si tiene éxito (y eso es un gran “si”), podría jactarse de haber desplazado a China de Venezuela y de haber restaurado la influencia que Estados Unidos tuvo en el pasado sobre la industria petrolera venezolana.
Pero este plan significaría dejar en paz al gobierno de Maduro, y eso podría ser un factor de quiebre para figuras como el Secretario de Estado Marco Rubio. Se necesitaría mucha gimnasia retórica para empujar las empresas estadounidenses hacia el sector petrolero venezolano mientras se afirma que se está haciendo todo lo posible para derrocar el gobierno. En algún momento, algo tendrá que ceder.
Es importante recordar que Venezuela no es un actor pasivo en este tablero de ajedrez en varios frentes, y sus esfuerzos por generar resistencia contra las sanciones e impulsar iniciativas de integración regional también condicionan la estrategia de su enemigo. La única premisa permanente, parafraseando al Che Guevara, es que en el imperialismo no se puede confiar ni un tantico así.
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Publicado originalmente en Venezuelanalysis