Malfred Gerig
A partir del año 2018 el gobierno de Nicolás Maduro comenzó la implementación de un programa de estabilización macroeconómica de orientación ortodoxo-monetarista. Bautizado como “Programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad”, estaba especialmente dirigido a terminar con el proceso hiperinflacionario que había iniciado (técnicamente) en diciembre de 2017. A pesar de presentarse simultáneamente como un programa de ajuste y estabilización, su enfoque lo orientaba hacia el problema del incremento de los precios, independientemente de sus consecuencias en la actividad, la inversión, el empleo o los ingresos. El carácter ortodoxo de la política quedó fehaciente cuando en la alocución del 17 de agosto de 2018, contradicciones retóricas aparte, Nicolás Maduro señaló:
El programa de recuperación económica apunta, de manera directa, a sustituir y acabar el dólar criminal y el sistema de fijación y dolarización de precios. Y recuperar el salario y la capacidad de compra del pueblo de Venezuela. Es el eje central de todo el programa de recuperación económica (…) Igualmente quiero anunciar que vamos a entrar en una etapa muy importante con un meta de déficit fiscal cero, una etapa de disciplina fiscal necesaria. (…) En la carrera loca entre el trabajo, el salario y el capital, nosotros tuvimos que ir a la emisión de dinero para poder respaldar las misiones socialistas, la construcción de viviendas, para poder respaldar el sistema de bonos, de los carnets de la patria, para poder respaldar los aumentos bimensuales de salario, de cesta tickets. En una carrera de protección, buscando un punto de inflexión para un cambio como este. Yo diría: así es la vida, nos tocó jugar así. (…) Ahora nos toca jugar de otra manera y tenemos que ir a una disciplina fiscal prusiana. Eliminar definitivamente la emisión de dinero no orgánico[1]
Hasta abril de 2025 han transcurrido 79 meses desde aquella alocución presidencial. Nuestro objetivo es analizar la continuidad y los efectos del programa de estabilización macroeconómica ortodoxo-monetarista en la fase de estancamiento de la Larga Depresión venezolana ─el trienio 2022-2024─. Dicho de otra forma, contra los creyentes en la “generación espontánea”, para quienes la característica de la política económica de 2013 en adelante ha sido solo la improvisación y el azar, continuaremos el análisis iniciado en el libro La Larga Depresión venezolana (p. 144 ss.) para abordar cómo la realidad económica del presente está enraizada en aquel programa de política económica que se extiende a su sexto año[2].
La represión del gasto público es uno de los pilares del programa. Según el Monitor Fiscal del FMI de octubre de 2024, el gasto público de Venezuela, luego de pasar desde 37,86% del PIB en el 2018 a 11,12% del PIB en 2020, se ubicó en 13,10% del PIB en 2021, 15,4% del PIB en 2023 y 16,03% del PIB en 2024. En otras palabras, en la fase de estancamiento, el gasto público en Venezuela promedió 15,5% del PIB. Al comparar esa cifra con los categorizados por el FMI como “países en desarrollo de bajos ingresos”, encontramos que el gasto público promedio de Venezuela durante esos tres años fue menor en 3,16 puntos porcentuales del PIB. De igual manera, en 2024 Venezuela tuvo un gasto público menor en 3,91 puntos porcentuales del PIB que los “países en desarrollo de bajos ingresos de Latinoamérica”.
Por su parte, los ingresos fiscales, que habían colapsado a 4,5% del PIB en 2020, ascendieron a 16,35% del PIB en 2024, promediando 11,8% del PIB en la fase de estancamiento. En el 2018, el saldo global del fisco ─igualmente, según el Monitor Fiscal del FMI de octubre de 2024─ se situó en un déficit de -30,97% del PIB. Con el ajuste fiscal por la vía del gasto de 2019 y 2020, el saldo global en 2021 fue de -5,8% del PIB, para situarse en 2023 en -4,2%. Así, para 2023 el déficit fiscal de Venezuela en su saldo global fue 0,31 puntos porcentuales más alto que el promedio de los “países en desarrollo de bajos ingresos”[3]. Ahora bien, el meollo del asunto es que el ajuste fiscal se cargó sobremanera en la reducción del gasto, con el consecuente impacto sobre la demanda agregada y el salario real. Entonces, la “disciplina fiscal prusiana” se cargó sobre el ingreso de los asalariados y llevó a la economía hacia una constante crisis de realización. Aun así, el gasto público no ha podido recuperar niveles que saquen a la economía de la trampa represiva.
La represión financiera es otro pilar del programa. Como es sabido, el drástico incremento de los encajes legales bancarios (o requerimientos de reserva) fue la herramienta de política monetaria utilizada para detener la oferta de dinero secundario o dinero bancario. El movimiento comenzó en febrero de 2019, llevando el encaje ordinario a 57% y el encaje marginal a 100%. En marzo de 2020, ambos encajes se unificaron en 93%, para en 2021 reducirse a 85% y en febrero de 2022 pasar a 73%, donde permanecen hasta hoy. En perspectiva comparada, Argentina es quien sigue a Venezuela en el ranking sudamericano de los encajes bancarios más altos. Sin embargo, al ubicarse en 15%, los requerimientos de reserva del BCRA son muy inferiores a los del BCV[4]. En agosto de 2024, frente al clamor de la élite empresarial, el gobierno anunció una reducción del encaje legal que nunca se produjo[5].
Las consecuencias de la política de encajes bancarios en la oferta monetaria son claras. Según los datos del BCV, la liquidez monetaria M2 pasó de tener una variación anual de 63.257,25% en 2018 a 4.945,59% en 2019 y 1.286,81% en 2020. De ahí en adelante, el ritmo de disminución de la variación interanual de la oferta monetaria (M2) ha sido de 635,19% en 2021, 354,16% en 2022, 268,21% en 2023 y 151,76% en 2024[6]. Además, en diciembre de 2024 la cantidad de bolívares represados por el requerimiento de encaje se ubicó en 88.602,89 millones de bolívares o 1,7 millardos de dólares (en base al tipo de cambio al cierre de diciembre 2024)[7]. Así pues, la represión financiera se encargó de desfinanciarizar y desmonetizar a la sociedad como vía para terminar el proceso hiperinflacionario. Ello implicó tanto llevar a niveles ínfimos el crédito de hogares y empresas, como la desaparición de la moneda soberana (bolívar) en las funciones de reserva de valor y unidad de cuenta. Seis años han transcurrido del programa de estabilización y no existe perspectiva ni de normalización financiera, ni de recuperación de la moneda soberana en sus tres funciones. El consumo y la inversión no pueden zarpar con estas anclas.
En la represión salarial encontramos otro pilar del programa. Hasta abril de 2025, transcurrieron 37 meses desde el último incremento de salario mínimo vital. En otro lugar abordamos varias aristas del tema salarial[8]. En este momento queremos referirnos a la destrucción de la demanda, el consumo, los ingresos y el empleo por mor a la estabilización de los precios como componente central de la actual política económica. La lucha distributiva suele preceder a las inflaciones crónicas. Por su parte, la gestión fiscal irresponsable suele preceder a las hiperinflaciones y la destrucción/sustitución monetaria. Los programas de estabilización ortodoxo-monetaristas siempre se articulan sobre un colapso económico que, al expresarse en la vida cotidiana como desquiciamiento de los precios, exige medidas drásticas. Por tanto, el objetivo de estabilización de los precios a “corto plazo” se suele sobreponer a las iniciativas de reforma estructural a mediano plazo.
Desde el enfoque ortodoxo-monetarista, ningún programa de estabilización macroeconómica puede funcionar ─esto es, estabilizar los precios─ sin destrucción de la demanda. El tsunami sobre el empleo y el salario real se hizo indetenible en la medida en que el déficit fiscal se atacó por el lado del gasto, la política monetaria se volvió ultra-restrictiva y la represión financiera cortó el crédito a hogares y empresas. En su conjunto, la desincentivación sobre el consumo y la inversión, la reducción del ingreso global disponible por el gasto público ínfimo, además de la eliminación del crédito, operan como poderosas fuerzas contra el nivel del empleo y los ingresos.
Dicho de otra forma, la falla de origen en el diseño de la política económica ortodoxo-monetarista radica en el hecho de pretender acabar con el incremento de los precios acabando con los consumidores. Las hiperinflaciones destruyen el salario, los ahorros y hasta los valores sociales, de eso no hay duda. Las sanciones internacionales al sector público también. No obstante, las “soluciones” ortodoxas a las hiperinflaciones se centran en focalizar el daño y la carga sobre los asalariados. Más allá, limitan por diseño la capacidad de los asalariados para adaptarse al “sistema” en colapso liberando todos los precios menos el del factor trabajo y destruyendo la demanda.
En el diseño, la estabilización inflacionaria a través del tipo de cambio era el ancla nominal del “Programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad”. Por ello, luego de la maxidevaluación inicial que llevó el tipo de cambio oficial al valor del “paralelo”, se adoptó un régimen cambiario de flotación administrada. Sin embargo, la transición desde un régimen de sanciones selectivo a un régimen de sanciones integral en 2019 ─con la respectiva expulsión de Venezuela del sistema SWIFT y las sanciones secundarias─ imposibilitó este curso de política económica. Otro tanto hizo la pandemia por Covid-19. Sin embargo, la invasión de Rusia a Ucrania y, sobremanera, la Licencia General (LG) 41 en beneficio de Chevron emitida por la OFAC en noviembre de 2022, al aumentar los ingresos del fisco o la oferta en el mercado cambiario, permitieron retornar al programa de estabilización al anclaje de precios a través del tipo de cambio. En resumen, “administrar” el régimen de tipo de cambio significaba realizar intervenciones cambiarias que estabilizaran la depreciación de la moneda, para así, siendo el efecto pass through total, estabilizar el incremento de precios.
La sustitución negativa de importaciones era otro pilar del programa de estabilización ortodoxo-monetarista. Esta básicamente significa reemplazar producción local de alto costo por importaciones más baratas. Existían dos tipos de incentivos para una sustitución de importaciones negativa. La primera era que el colapso de la economía venezolana a través de todas las fases de la Larga Depresión (2013-presente) aniquiló tanto a la producción como a la productividad, además de destruir la oferta de factores de producción, esto es, una desvalorización general y una destrucción general de fuerzas productivas. Por lo que la competitividad de la producción nacional con cualquier producto importado se evaporó a la largo de los años. Por otro lado, si la estabilización inflacionaria a través del tipo de cambio no producía una reducción súbita de la inflación, conllevaba de suyo a que los precios incrementasen por encima de la depreciación de la moneda, originando una apreciación real del tipo de cambio, la cual promovía importaciones. A todo esto se le añadió una política comercial extremadamente laxa para la importación de bienes de consumo final so pretexto de abastecer el mercado interno.
Así pues, mientras las importaciones abaratadas artificialmente y el tipo de cambio administrado buscaban anclar los precios, el rezago en la disminución de los precios con respecto a la depreciación del tipo de cambio generó enormes incentivos a las importaciones, lo que a su vez incrementó progresivamente la demanda de divisas. En definitiva, el tipo de cambio anclado sucesivamente terminaba estallando. In nuce, se trata de una política en extremo contradictoria en tanto alimenta fuerzas que garantizan su propia destrucción. La moneda sobrevaluada, también, se convirtió en otra fuerza contra el crecimiento del empleo, la mejora de los ingresos y el aumento del salario real, promoviendo así la migración económica o por ingresos. Los escasos empleos que se crearon en el sector terciario de la economía en respuesta al mini boom de importaciones, al crear escaso valor agregado, generaron salarios cercanos a la subsistencia.
Según la Cepal, durante la fase de estancamiento de la Larga Depresión venezolana el PIB de Venezuela creció a tasas de 12% en 2022, 3% en 2023 y una proyección de 6,2% (en diciembre) para 2024. Recordemos que en la fase de desastre (2019-2021) o primeros tres años del programa de estabilización ortodoxo, el PIB se redujo en -28% en 2019, -30% en 2020 y -3% en 2021[9]. Para el FMI ─World Economic Outlook (October 2024) ─, por su parte, la economía venezolana habría crecido 8% en 2022, 4% en 2023, con una proyección de 3% para 2024. Asimismo, en dólares corrientes el PIB habría pasado de 73 millardos de dólares en 2019 a 57,66 millardos de dólares en 2021, para luego ascender a 92,10 millardos de dólares en 2022 y 106,3 millardos de dólares en 2024. Por otra parte, según el BCV la variación acumulada anual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) fue de 234,1% en 2022 y 189,8% en 2023[10]. Además, según la estadística del BCV a octubre de 2024, la inflación no habría superado desde febrero de 2023 los dos dígitos mensuales. Carecemos a la fecha, lamentablemente, de estadísticas sobre los componentes del PIB y el empleo. No obstante, partiendo del comportamiento del PIB en 2022, podemos atrevernos a sostener que las exportaciones petroleras se han vuelto más importantes en el producto. También, que el consumo de los hogares tiene un mayor peso porcentual relativo en el PIB, pese a que el consumo es ínfimo vis a vis con otras economías. Estas son expresiones de una economía sumida en una trampa represiva que, a su vez, condujo a la trampa de la pobreza o equilibrio de mínimo nivel.
Esta trampa represiva es el resultado de seis años de política económica ortodoxo-monetarista. Ello implica que no existe posibilidad de normalización macroeconómica sin que estallen los tímidos arreglos que produjo la aplicación de tal política. El gobierno hizo suyo un programa económico que por mor a la erradicación de la inflación, terminó por acabar con el empleo, los salarios y la inversión productiva. Aun así, a la fecha Venezuela tiene una de las peores inflaciones del mundo, es decir, el programa ortodoxo-monetarista es un fracaso en términos amplios y restringidos, en sus propios términos (inflación) y en términos generales (producción y empleo). Los hechos dejan en evidencia que la única forma de producir una expansión del gasto público es que aumente la renta captada por la venta de petróleo, a saber, por el lado del ingreso de la ecuación fiscal. Igualmente, es evidente que no existe posibilidad de normalización financiera ─ratio crédito/PIB y encajes bancarios legales similares al resto de la región─ sin que reviva el monstruo de la hiperinflación; bolívares que sin inversión rentable se van a respaldar en dólares. Peor aún es que la represión salarial no solo depende de los ingresos del sector público, como piensan algunos ingenuos, sino que todo el diseño macroeconómico se sostiene sobre la miseria de la gran masa del pueblo trabajador. Así, por ejemplo, un eventual incremento de los salarios de la administración pública en realidad no depende de la existencia o no de “recursos” suficientes: si los hubiera, dicho incremento no se realizaría, porque el quid del asunto es la destrucción de la demanda como condición de posibilidad del “funcionamiento” del neoliberalismo con características patrimonialistas. El mejor de los tiempos para la burguesía comercial-importadora se soporta en la continuación de la era de las tinieblas para los asalariados y las pequeñas empresas.
No menos contradicciones habitan en un régimen cambiario diseñado para anclar a los precios. Como dijimos, en el corto plazo la sustitución negativa de importaciones en base a un tipo de cambio sobrevaluado permite un aumento del consumo y una menor inflación. Sin embargo, a mediano plazo ─que acá significan trimestres─ la presión importadora se incrementa y el sesgo antiexportador y antimercado interno se intensifican. La cuenta corriente empieza a ser un problema, ya que todo el ciclo de negocios se soporta sobre el sector externo. Más temprano que tarde las divisas escasean y el tipo de cambio estalla. La normalidad cambiaria y de los precios que puede prolongarse durante algunos meses desaparece en cuestión de días.
El programa de estabilización ortodoxo-monetarista, por el tiempo que se mantenga, será incapaz de cumplir sus metas. La inflación no será mitigada del todo, ralentizándose para despegar. La balanza de pagos será constantemente un problema, al menos que aparezca un “efecto precios” del petróleo para permitirnos vivir meses por encima de las posibilidades para luego decaer. Las exportaciones y la producción nacional nunca despegarán. La desigualdad en la distribución del ingreso empeorará hasta en los breves momentos de auge. Los bajos salarios reales soportarán todo el esquema de inestables arreglos. Inclusive para el neoliberalismo con características patrimonialistas, este no es el camino. Puede serlo para el capitalismo de compinches, cuyo lema siempre es carpe diem. En cualquier caso, para otra Venezuela se necesita una reforma estructural por el lado de la oferta.
Referencias
[1]Alocución de Nicolás Maduro Moros, del 17 de agosto de 2018. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=sLuVleaYT_8&t=2299s
[2] Mucho de los temas abordados acá ya fueron tocados, desde estas y otras aristas, en: M. Gerig, La Larga Depresión venezolana: economía política del auge y caída del siglo petrolero, Caracas, Cedes/Trinchera, 2022; M. Gerig, “La fase de estancamiento de La Larga Depresión venezolana”, Cedes, 20 de junio de 2024. Disponible en: https://cedesve.com/2024/06/20/la-fase-de-estancamiento-de-la-larga-depresion-venezolana/
[3] Fondo Monetario Internacional (FMI), Fiscal Monitor (octubre 2024). Disponible en: https://www.imf.org/external/datamapper/datasets/FM
[4] Véase: https://www.bcra.gob.ar/Noticias/bcra-readecuo-los-encajes.asp
[5] “Gobierno anuncia descuento en el encaje legal bancario y creación de un mercado interbancario de divisas”, Globovisión, 29 de agosto de 2024. Disponible en: https://www.globovision.com/economia/26625/gobierno-anuncia-descuento-en-el-encaje-legal-bancario-y-creacion-de-un-mercado-interbancario-de
[6] Banco Central de Venezuela, Liquidez monetaria. Disponible en: https://www.bcv.org.ve/estadisticas/liquidez-monetaria
[7] “Requerimiento de encaje legal aumentó 143,9% y la banca solo pudo cubrirlo en 11 semanas de 2024”, Banca y Negocios, 3 de enero de 2025. Disponible en: https://www.bancaynegocios.com/requerimiento-de-encaje-legal-aumento-1439-y-la-banca-solo-pudo-cubrirlo-en-11-semanas-de-2024/
[8] Véase M. Gerig, “El valor de la fuerza de trabajo y la dislocación social: sobre la cuestión salarial en Venezuela”, Cedes, 10 de julio de 2024. Disponible en: https://cedesve.com/2024/07/10/el-valor-de-la-fuerza-de-trabajo-y-la-dislocacion-social-sobre-la-cuestion-salarial-en-venezuela/
[9] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2023: República Bolivariana de Venezuela, Santiago, 2024. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/724bf671-c2f3-4084-998a-b8a91b142082/content ; Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2023: República Bolivariana de Venezuela, Santiago, 2024. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/18052be0-dcaf-448b-b02e-5244cd422b66/content : Además: https://www.cepal.org/sites/default/files/pr/files/tabla_proyecciones_pib-2024-2025_balance-preliminar_esp.pdf
[10] Banco Central de Venezuela, Precios. Disponible en: https://www.bcv.org.ve/estadisticas/consumidor