Esta frase debería ser el nombre del coro que se escucha en buena parte de los programas de opinión de radio, televisión, medios digitales y redes sociales. Periodistas, los llamados influencers, funcionarios, políticos de gobierno y de la oposición parlamentaria, empresarios, expertos, opinadores de oficio y pare de contar, entonan una sola pieza: “En el país lloverán inversiones mil millonarias en los próximos meses, en el marco del increíble avance en las relaciones de cooperación con Estados Unidos. Pero para garantizar que lleguen y que se active la producción, hay que desmontar el inviable sistema de derechos sociales y laborales, que asusta a los inversionistas y constituye un freno a la reactivación de la producción y a la recuperación de los salarios”. Fin de la letra. Tutelaje y desregulación laboral para ser prósperos.
Una nación agotada por un conflicto político interno y una agresión económica y militar extranjera que ha generado graves consecuencias sociales, y que presenció cómo durante los últimos 10 años se saltaron todas las reglas, sin duda alguna que quiere paz, prosperidad económica y bienestar social. Ahora bien, ese propósito anhelado por todos y todas no se logrará a partir de un consenso forzado, que naturalice el tutelaje de un gobierno extranjero que controla nuestros recursos y administra a discreción los ingresos que son de la nación; tampoco se logrará a partir de reformas de leyes económicas, laborales y sociales, desfavorables para la población trabajadora y que agraven la ya profunda brecha de desigualdad social, que es el verdadero origen del conflicto que arrastramos como nación.
Esta brecha visible en las calles de Venezuela tiene su expresión estadística en la distribución de la participación de los factores en el Producto Interno Bruto (PIB). Según la prestigiosa Penn World Table, a partir de 2019 y hasta 2023 (último año disponible), la participación del factor trabajo en el PIB fue de apenas 8,4%, mientras que la participación del capital fue de 91,6%. Es así de profunda la desigualdad causada por la confrontación fuera del espacio democrático, sumado a la agresión económica extranjera y el desarrollo de una política monetarista que pulverizaron el salario y el resto de remuneraciones al trabajo en los últimos 10 años.
En todas las sociedades hay conflictos, pero en las sociedades con profundas brechas de desigualdad económica y social el conflicto se sale de control. Es por ello que observamos con preocupación que se prometa una Venezuela sin conflicto, cuando somos una nación que desde el alevoso ataque militar del 3 de enero de 2026, perdió el control sobre sus ingresos económicos, y en la que además se anuncian y adelantan medidas y reformas legales dirigidas a favorecer al capital, cuya consecuencia inmediata será la profundización de esta brecha de desigualdad. Pero si a esto le agregamos la ausencia de espacios para el debate con las corrientes políticas, sociales y sindicales que se oponen a la naturalización del tutelaje y el desmontaje del sistema de derechos y garantías sociales y laborales establecidos en la Constitución, aprobada por el voto popular en 1999, podemos concluir que difícilmente se logrará encauzar el conflicto.
Es necesario que se abran los grandes medios de comunicación, públicos y privados, a las posiciones divergentes; que no se criminalice la opinión y la protesta social pacífica, que se reconozca y convoque a factores distintos a los que son favorables al consenso que se quiere imponer mediante el ablandamiento de la opinión publica.
Tómese esta reflexión como un aporte de quienes compartimos el propósito de una Venezuela en paz y próspera, pero consideramos que para ello es necesario, por una parte, unirnos para recuperar nuestra plena soberanía económica y política (en la historia claro está que no hay colonia próspera) y, por la otra, acordar con todos los sectores medidas que equilibren proporcionalmente la carga entre el capital y trabajo, para lograr un auténtica recuperación económica. Por último, es preciso reconocer la existencia de pluralidad de opiniones sobre los más diversos temas de interés para la sociedad venezolana.
La democracia, como lo proponen diversos autores y actores de izquierda en el mundo contemporáneo, debe ser reivindicada como el modelo político donde se regulan los conflictos y no donde se imponen los consensos de las elites. La democracia tendría que significar el reconocimiento de intereses contradictorios propios de cualquier sociedad culturalmente diversa y dividida en clases. En las democracias auténticas, genuinas, el conflicto no desaparece, se regula para lograr la convivencia pacífica.
Lo he planteado antes: como generación política hemos cometido un grave error que ha lesionado nuestra condición de República. Es tiempo de rectificar para recuperar la independencia nacional y diseñar un modelo que reduzca la brecha de desigualdad social y permita la inclusión de todos los factores políticos y sociales en el espacio político institucional. Solo así podremos hablar seriamente de paz y prosperidad: en una Venezuela que sea República.
Elías Jaua Milano